La Consejería de Igualdad paga a ayuntamientos y Diputación 6,7 millones de euros del Fondo Social

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, realizó ayer la transferencia de un crédito a los ayuntamientos y a la Diputación de Sevilla de 6,7 millones de euros del Fondo Social para hacer frente a las situaciones de emergencia provocadas por el Covid-19. De esta manera, la Junta de Andalucía adelanta el dinero que aún no ha pagado el Gobierno central.

El reparto se ha establecido conforme al decreto de financiación de los servicios sociales comunitarios, que data 2002, mediante el cual las transferencias se realizan a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones. En concreto, la Diputación de Sevilla ha recibido 2 millones de euros.

La delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Marta Escrivá, ha asegurado que “el Gobierno andaluz adelanta este dinero porque las personas en situación de emergencia no pueden esperar más”. De esta manera, los ayuntamientos y las diputaciones “podrán contar con esta partida para reforzar las prestaciones sociales y dar una respuesta a las personas que peor lo están pasando”. En este sentido, ha defendido que la Junta de Andalucía “ha estado desde el primer momento al lado de las personas y articulando medidas para no dejar a nadie atrás en esta crisis”.

En cuanto a los criterios prioritarios de actuación que ha establecido la Consejería a la hora de la distribución entre las entidades locales del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del Covid-19, se sitúa la garantía de ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas (35 por ciento del presupuesto) y el refuerzo de las plantillas de los centros residenciales y de servicios sociales comunitarios (30 por ciento).

El Fondo Social Extraordinario articulado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, supone la financiación de las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Corporaciones Locales, un recurso cuya demanda se está incrementando por parte de la ciudadanía como consecuencia de la actual pandemia por Covid-19.

Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria actual y que precisan de un abordaje urgente.

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