La Alcaldesa se suma a las protestas por el cierre de la Oficina para liquidar impuestos de la Junta

Alcaldes del PSOE, entre ellos nuestra primera edil Romero Aguilar, junto a parlamentarios andaluces y la Secretaria Provincial del partido Verónica Pérez han denunciado a través de una rueda de prensa celebrada en la sede de los socialistas el perjuicio que para la población y actividad económica supondrá el cierre de un total de 9 oficinas en Sevilla, entre ellas la de Marchena, donde se liquidaban impuestos autonómicos como actos jurídicos documentados, transmisiones, donaciones o sucesiones.
 
Se trata de un cierre que viene por parte de la Junta de Andalucía y que hará que los ciudadanos y empresas que quiera realizar esas gestiones presencialmente se tengan que desplazar a Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o Morón de la Frontera.
 
Esta oficina en Marchena se situaba en las instalaciones del propio Registro desde donde se ofrecía dicho servicio. Además de en nuestro municipio, las otras localidades donde se cerrarán oficinas son Cazalla de la Sierra, Lora del Río, Carmona, Écija, Estepa, Osuna, Utrera y Sanlúcar la Mayor.
 
En total se han cerrado 67 oficinas en toda Andalucía desde que el pasado 4 de enero se publicara el nuevo convenio de la Junta con los registradores de la propiedad que venían encargándose de estos trámites desde hace 20 años. La población afectada por este “recorte” supera el medio millón.
 
La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, subrayó en dicha rueda de prensa que “incluso en lo que afecta a la información el recorte es importante y que en nuestra localidad el Registro sólo puede dar 12 citas al día”.
 
Desde el PSOE se ha anunciado que se presentará una proposición no de ley en el Parlamento y mociones en los Ayuntamientos para que la Junta rectifique.
 
Desde el PSOE se añade también que esta reorganización puede tener reflejo en la recaudación de impuestos ya que de los casi 3000 millones de euros que ingresa la Junta, el 54% se liquidaba en estas oficinas.
 
Los representantes socialistas también han advertido de que tendrá consecuencias en el empleo de esos Registros de Propiedad, donde hay de media cuatro o cinco trabajadores ya que el Convenio con la Junta que caducaba a finales de 2019 y que se ha renovado de esta manera, contemplaba 18 millones al año para estos servicios que se han reducido a la mitad.
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