El Tribunal de Justicia resuelve que la “patada en la puerta” fue conveniente

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía manifiesta que el acceso forzoso del Ayuntamiento al interior del despacho del que fuera Vicesecretario-Interventor del consistorio marchenero en 2017, Antonio Seijo, fue adecuado y no vulnera los derechos fundamentales del funcionario.

Tras los hechos acaecidos en 2017, el por entonces Vicesecretario-Interventor interpuso una denuncia ante la fiscalía de ordenación del territorio de Sevilla contra la primera edil y contra los miembros de la junta de gobierno PA-PP por presunta prevaricación urbanística, entre otras acusaciones.

Una querella que la Fiscalía archivó en mayo de 2018 entendiendo, según se recoge literalmente, que en ninguno de los supuestos referidos resultaba acreditada la comisión de un delito de prevaricación. No obstante, el denunciante interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sin embargo, el Tribunal ha determinado que el Ayuntamiento de Marchena actuó convenientemente al acceder al interior del despacho de este funcionario para hacerse con los expedientes que se le había requerido. Según consta en la sentencia, la falta de compromiso voluntario del exvicesecretario ante la orden de entregar los expedientes, hizo inevitable que el consistorio acudiera “a medios más compulsivos de ejecución”.

Además, la sentencia continúa señalando que Antonio Seijo no ostentaba ninguna facultad para impedir lícitamente que sus superiores accedieran a las dependencias municipales que ocupaba y se hiciesen cargo de los expedientes allí depositados. Lo cual hizo preciso requerir el auxilio de la policía dada su reticencia a facilitar las llaves del despacho.

De ahí que hayan denegado el amparo solicitado, al entender que la actuación administrativa no vulneraba los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18 y 24, relativos al, respectivamente.

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